El acusado había declarado, pero una pericia a la carabina complicó su situación procesal

Con base en las dos versiones existentes sobre cómo ocurrió este homicidio en un campo de Benito Juárez, cuando en noviembre de 2020 los jueces departamentales de Alzada confirmaron la prisión preventiva de Kevin Héctor Manuel Herrera Ullúa, habían dado crédito al resultado de la pericia balística. practicado con el fusil calibre 22 desde donde se disparó el tiro que resultó en la muerte de la adolescente azuleña Rocío Ayelén Sañudo.

Si bien se señaló que el estado del arma de fuego era «malo», el especialista que realizó esta pericia concluyó: «La posibilidad de producir un disparo con el material en estado de reposo no surge en la experiencia», la versión que indicó Herrera Ullúa al referirse a las circunstancias en que ocurrió este triste hecho.

Con base en este análisis del arma de fuego, en su momento se sostuvo por la Sala Penal para confirmar la prisión preventiva de los imputados -y se volvió a mencionar ahora, al ratificar el juicio de este caso- que en lo ocurrido “no existe posibilidad de disparar ‘accidentalmente’ o por negligencia bajo la modalidad de ocurrencia del hecho narrado por el imputado, ya que el análisis del arma determinó claramente que para iniciar la acción de disparo es necesario apretar la cola del gatillo con una fuerza equivalente a o superior a 2,75 kilogramos, lo que es normal en este tipo de armas, o manipulando el bloque o cerrojo con un elemento externo a la carabina».

“Ambas actuaciones identificadas por el perito me impiden inferir, a la luz de la versión dada por Herrera y de la prueba recabada, que hayan podido ocurrir con un mecanismo distinto al doloso circunscrito por el Ministerio Público”, también fue indicó en esa resolución emitida en noviembre de 2020 por la Asamblea departamental, la cual fue firmada por Carlos Pagliere (h) y -al adherirse a lo sostenido en la votación inicial por su colega- por Damián Cini.

En la declaración que ofreció al ser cuestionado, Herrera Ullúa dijo que su pareja, esa noche del 11 de agosto de 2020, quería ir a darse una ducha. Pero como el arma de fuego estaba apoyada en el marco de la puerta que da al baño -«con el cañón hacia abajo»-, el adolescente le pidió que la quitara, tiempo durante el cual, al mover el rifle, «sin poner el dedo en el gatillo» ni que se golpeó o se cayó, «se pegó un tiro.

Pero tanto desde la Acusación, como inicialmente para el Juez de Garantías y luego para los integrantes de la Sala Penal, esa versión brindada por el imputado carecía de pruebas. Además, contrastó con otros elementos recabados durante la instrucción de esta investigación penal.

En esa decisión de la Audiencia Nacional que confirmó su prisión preventiva, se hizo mención a lo que se refirió Herrera Ullúa, que su pareja se disponía a bañarse. Pero luego, contrariamente a esa versión, se concluyó que la niña ya se había bañado cuando fue baleada, lo cual se desprende de testimonios brindados por familiares de la menor; del resultado de la autopsia -donde se detalló que «el pelo, en las fotos de la llegada de la Policía Científica, está mojado»- y de versiones de miembros del Comando de Prevención Rural Benito Júarez que estuvieron presentes esa noche en el campo, inmediatamente después de la muerte del adolescente.

“Tal circunstancia no es irrelevante para los efectos de evaluar el recurso de la Defensa, pues indica que quien recibió el disparo ya había salido del baño y transitado por el lugar donde el occiso manifestó que se encontró el arma -marco de la puerta de dicha lugar-, por lo que el movimiento del rifle al que se refiere Herrera, para evitar que su compañero tropezara, fue innecesario para los fines enunciados, haciendo falsa tal circunstancia. Esto deja sin sustento uno de los pilares de su coartada, pues fue la razón por el decomiso y traslado del arma”, se indicó en la sentencia de noviembre de 2020 que terminó por confirmar la prisión preventiva del imputado.

“A ello debo agregar -sostenía también Carlos Pagliere (h) en dicho pronunciamiento- que siguiendo las reglas de la lógica y la experiencia, el presunto movimiento que habría realizado el imputado no se ajusta a los estándares de seguridad, quien manifestó que El arma estaba con el cañón hacia el suelo y para ejecutarla decidió no solo levantar su parte delantera (cañón) sino también apuntarla hacia la humanidad de Sañudo, en fin, afirma haber hecho el movimiento más peligroso con el arma que permitía la situación, lo que no parece lógico ante la hipótesis de ocurrencia negligente de los hechos por los que lucha la Defensa».

“Finalmente, no puedo dejar de resaltar que Herrera aseveró que no colocó su dedo en el gatillo del arma de fuego y que ésta no cayó ni golpeó previo a la producción del disparo fatal. Esto fue objeto de análisis debido a la pericia balística practicada a la carabina, concluyendo los evaluadores que el elemento con poder ofensivo en las condiciones aludidas por el reo no puede iniciar la acción de disparo”, dijo la camarera.

“La acreditación de una relación sin conflictos, la solicitud de auxilio por parte del investigado, el estado de consternación en que se encontraba el agresor y la falta de elementos demostrativos de una agresión previa a la víctima, a pesar de ser indicios que permiten a priori de conjeturar que no actuó con intención homicida, quedan vacíos y carentes de entidad al contrastarlos con otros elementos de la causa de mayor entidad y poder condenatorio, que dan sustento en esta etapa del proceso a la hipótesis de ocurrencia de los hechos delimitada por el encargado de la reivindicación pública”, también se concluyó confirmar la prisión preventiva del joven trabajador rural imputado por este homicidio cuya calificación ahora, al ser llevado el caso a juicio, sigue siendo indicativo de un acto de características maliciosas y no culposas.

Retomando la que fue, el pasado miércoles, la más reciente resolución emitida por la Sala Penal respecto de este caso, el juez Agustín Echevarría expresó: “Las actuaciones añadidas al expediente, desde la confirmación de la medida coercitiva que pesa sobre los investigados, no modifican la conclusión alcanzada en tiempo y forma».

“En efecto -señaló el actual Presidente de la Corte Departamental de Apelaciones-, la recusación de la Defensa no genera en esta instancia un estado de duda sobre los aspectos acreditados en el marco del dictado de la prisión preventiva del detenido que nos concierne, la que es firme, y las dudas que se le plantean al recurrente respecto del marco legal podrán ser aclaradas en el debate mediante la profundización del análisis de los elementos existentes o, eventualmente, con la incorporación de nueva prueba”. .

LOS DATOS

El 4 de agosto del año pasado, en el establecimiento rural donde ocurrió este homicidio -ubicado en el Cuartel VII del Partido Benito Juárez- se realizó la reconstrucción del hecho. Dicha diligencia, con anterioridad al inicio de la presente causa penal en primera instancia, había sido solicitada por la Defensoría Particular del imputado. Y tuvo como escenario la casa donde convivieron el trabajador rural imputado, quien estuvo presente durante la reconstrucción, y la adolescente azuleña quien fue su pareja hasta que ocurrió este triste hecho en horas de la noche del ya mencionado 11 de agosto de 2020.

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